El Real Decreto –informa el Gobierno– traspone la normativa comunitaria sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio), «para cumplir los objetivos de recogida y gestión que nos impone la norma comunitaria, clarificar los puntos de recogida y las obligaciones de información en esta materia y mejorar el control del traslado de este tipo residuos fuera de la Unión Europea». Según el Ejecutivo, el nuevo Real Decreto incluye objetivos específicos de preparación para la reutilización a partir de 2017 (con un objetivo del 2% en grandes electrodomésticos y del 3%, en el caso de aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños), ya que se trata de la forma de gestión preferible dentro de la jerarquía de residuos al optimizar la utilización de recursos (los residuos eléctricos y electrónicos contienen substancias peligrosas que hay que tratar y, así mismo, materiales valiosos).

Prevención
Más allá de su recogida selectiva y de su gestión, la administración quiere prevenir además la generación de estos residuos. Para ello, se propone fomentar «tratamientos como la preparación para la reutilización, lo que permite poner en el mercado de nuevo el mismo producto una vez que se haya reparado». En este sentido -explica el Magrama-, la nueva normativa incluye «los requisitos técnicos necesarios para que esta actividad de preparación para la reutilización pueda realizarse con todas las garantías para la salud, el medio ambiente y los consumidores de los nuevos productos». Según el Ejecutivo, por otro lado, «el sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España y representa un 27% del total del empleo de este tipo en nuestro país, mientras que la preparación para la reutilización de los RAEE puede generar alrededor de 4.700 empleos directos».

En las tiendas de más de 400 metros cuadrados
Otra de las novedades de la norma aprobada el viernes pasado es que los establecimientos de venta de aparatos eléctricos y electrónicos deberán aceptar gratis los aparatos ya usados muy pequeños, como los teléfonos móviles, si disponen de un establecimiento de más de 400 metros cuadrados y sin que el consumidor deba comprar otro a cambio. Asimismo, y por primera vez, la venta de aparatos eléctricos o electrónicos a través de Internet deberá garantizar también que los compradores puedan entregar los residuos que generen de igual manera que en las tiendas físicas.

Control de la administración
Por otra parte, el Real Decreto incorpora elementos para hacer posible la mejora del control y supervisión por las administraciones públicas de la gestión de estos residuos y clarifica la actividad de los agentes que intervienen en el proceso y sus obligaciones. Para ello, crea una Plataforma Electrónica en la que se incluirán los datos de la recogida y gestión de RAEE, financiada por el Magrama y los productores, y una Oficina de asignación de recogidas, que será supervisada por las Administraciones Públicas implicadas.

Objetivos autonómicos
La nueva regulación introduce que los objetivos de gestión de residuos serán exigibles a nivel autonómico (y no solo de ámbito nacional como hasta ahora) y que se establecerán, entre otros parámetros, en función de la población de la comunidad autónoma para que esta pueda ejercer sus competencias de inspección y control de una manera efectiva. Por último, la normativa aprobada también introduce los requisitos técnicos para que las comunidades autónomas otorguen las autorizaciones de las plantas de tratamiento de estos residuos, homogeneizando los tratamientos que se han de cumplir en todo el territorio del Estado.