La primera regulación que se aprobó en la Unión Europea para el flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fue la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante «RAEE»). Esta norma sentaba las bases de un modelo de gestión que por primera vez planteaba la necesidad de diseñar aparatos más eficientes y menos contaminantes, que fueren más fáciles de tratar cuando se convirtieran en residuos, y que aplicaba el principio de la responsabilidad ampliada del productor de los aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante AEE), como sujeto responsable de los costes que derivan de la gestión de los residuos procedentes de estos aparatos.

Le sucedieron varias normas a continuación como la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo. Para el Gobierno Español era necesario abordar una nueva norma que sitúe en la senda del cumplimiento de los nuevos objetivos y obligaciones más ambiciosas y exigentes que la Directiva de 2012 recoge. La nueva norma propone objetivos para los fabricantes de aparatos electrónicos y eléctricos para reutilizar estos productos.

El Real Decreto 110/2015 tiene por objeto superar las deficiencias detectadas en la gestión de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE). Según el decreto, el régimen jurídico existente controlaba la recogida, gestión y tratamiento de los flujos de RAEE. No obstante, no exigía a los países a poner en práctica objetivos de reutilización.

La nueva norma requiere que los productores de electrónica preparen el 2% de los productos de línea blanca y el 3% de otros artículos de electrónica para su reutilización, con efectos a partir de enero de 2017. Además, los requisitos serán elevados al 3% para productos de línea blanca y 4% para otros aparatos electrónicos a partir de agosto de 2018.

El Real Decreto exige a los minoristas aceptar la chatarra electrónica libre de costo cuando un nuevo elemento equivalente es comprado por el cliente. Además, los minoristas con superficie superior a 4.300 metros cuadrados deberán aceptar tamaños pequeños de chatarra electrónica, sin necesidad de que el cliente deba comprar productos nuevos equivalentes.