Los tiempos eleccionarios imponen determinados temas a la agenda pública, desde FUNDAMIN creemos que la política minera debe ser producto de una construcción nacional consensuada a largo plazo que exceda lacoyuntura y los gobiernos.

Pensar en políticas públicas requiere el compromiso de todos los actores sociales, con una mirada inclusiva para poder imaginary planificar qué país queremos construir. Desde diferentes ámbitos se alzan voces a favor y en contra de la minería; en este debate, que tiene que darse con fundamentos verdaderos y sólidos, deben emerger las políticas públicas que deseamos como ciudadanos.Para que esto sea posible,es necesario en primera instancia contar con información para conocer la industria minera y los aportes que realiza a las comunidades, a las economías regionales, y al país en general.

Desde el Estado sería oportuno brindar información básica a la ciudadanía que se transforme en los cimientos sobre los cuales interactuar en temas relacionados con las industrias extractivas. Es de vital importancia la creación de ámbitos participativos en que los diferentes actores se presenten, en un plano de igualdad, y con la flexibilidad necesaria para construir consensos.La información pública y consenso social son fundamentales para que una sociedad pueda tomar decisiones justas y progresar hacia un país productivo, sustentable y democrático.

Cabe añadir a este análisis el concepto de impacto. El impacto de la minería sobre el medioambiente, como el de cualquier otra industria y el de toda actividad humana. En el caso de la minería tiene la ventaja de ser previsto, medido y remediado. Es por ello que para comenzar toda actividad minera es obligatoria la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, esto supone la previsibilidad de toda modificación del medioambiente y la presentación de proyectos de cierre de mina y de remediación ambiental, en caso de ser necesaria. La minería tiene una ley específica que regula su actividad en relación con el ambiente, donde cobran preeminencia los controles. Aquí también la participación de la comunidad es un factor relevante que genera confianza mutua entre los diferentes actores involucrados: Empresa Minera, Estado y Ciudadanía. p

La segunda faceta del término impacto está marcada por el impacto económico que la actividad minera tiene sobre la economía regional y nacional. La generación de redes de creación de valor en las economías donde la minería se instala es inmensa. La cantidad de proveedores, el incentivo al emprendedorismo, al cooperativismo y a las PYMES es un sello característico de la actividad minera que, por causas que le son inherentes, se desarrolla en regiones en las que la disponibilidad de industrias satélites es escasa. Por ello, la minería abastece regiones alejadas de los centros industriales nacionales que tienen recursos escasos y muchas veces infraestructura insuficiente.

Asimismo, se torna necesario volver a plantear el régimen de distribución de las regalías que las empresas mineras pagan.Este es un tipo de impacto vital a la hora de pensar a la minería como fuente de desarrollo. La decisión estatal debe ir más allá de un gobierno y encarnar la decisión de crecer y que la minería sea un eje en torno del cual las empresas  proveedoras crezcan, produzcan valor agregado, empleo y mejores condiciones de vida.

Por otra parte, desde el Estado es capital establecer previsibilidad en los mecanismos nacionales y provinciales de apropiación y distribución de la renta. Este es uno de los puntos en que el consenso entre el Estado Federal y los Estados Provinciales determinan el éxito de la política minera a la hora de atraer inversiones y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Superar la dicotomía de los Estados Provinciales es determinante para posicionar a la Argentina en una nación donde la minería ocupe un lugar importante en su PBI, permitiendo incrementar las exportaciones y favoreciendo al superávit en la balanza comercial. Esto se logracon unidad, decisiones consensuadas y visióna largo plazo por parte del Estado Nacional valiéndose tanto de la Constitución como del Código de Minería que establecen la legitimidad de la actividad minera.

El ejemplo de países de la región, como es el caso de Chile,marca el camino para desarrollar la minería ya queencontró en esta actividad un pilar para el crecimiento socioeconómico. Cabe mencionar como ejemplo también a la provincia de San Juan que apostó y apuesta a la minería logrando un crecimiento e impacto socioeconómicos sin precedentes.

En FUNDAMIN creemos que es posible pensar una política pública minera. Los debatespermitirán consensos respecto al uso de energía, el rol de las fuentes alternativas,  modelos de usos del territorio, etc. Estos serán algunos de los puntos que requieren el aporte de profesionales destacados convocados asiduamente por esta Fundación para que difundan sus conocimientos de una forma asequible para el ciudadano, haciendo posible la toma de posturas propias con argumentos válidos que  contribuyan al consenso necesario para la construcción de un país con mayor igualdad social y económica.

Desde FUNDAMIN consideramos central el establecimientode políticas públicas sólidasdado el potencial de la minería y los resultados que ya se reflejan en la economía nacional, provincial y también en la economía de las comunidades aledañas a los proyectos. Éstas políticas deben estar sustentadas en el consenso general de los diferentes actores, bregamos por ello y actuamos para crear el conocimiento que establezca las condiciones necesarias para lograrlo.